dimarts, 23 de juny de 2009

El formato del 11 de abril

Por: Mauricio Rodríguez

Se ha hablado del “golpe de Estado continuado”, ante el uso permanente de un formato de desestabilización por parte de los sectores opositores. Sin duda, hay matrices y elementos a los cuales la oposición apela de manera constante. Sin embargo, recientemente identificamos una intensificación en los recursos de la opositora estrategia del miedo, principalmente con el tema de la patria potestad.

Podemos señalar que se trata de crear un clima permanente de zozobra, repitiendo la receta del año 2002, para justificar acciones que atenten contra la paz social. Sigue siendo el juego de “todo o nada” ensayado cuando el golpe, en el cual finalmente lo que interesa es salir de Chávez, cuyo gobierno “viola la Constitución”. Veamos algunos de esos elementos que tuvieron fuerza en el año 2002 e intentan repetir en la actualidad.


PATRIA POTESTAD. “CON MIS HIJOS NO TE METAS”

Este tema comenzó a ser usado como arma política en el año 2001 y es recordado por la oposición como una etapa importante para el desenlace del 11A. Incluso se le coloca como el momento en el cual comenzó a actuar “la sociedad civil organizada” en contra del gobierno venezolano. El ex gerente petrolero, Horacio Medina, ha dicho que “en efecto, la crisis que conduce al 11 de abril, empezó a gestarse a principios del año 2001, cuando la sociedad civil en Venezuela comienza a dar muestras de organización para oponerse ante el primer intento por cambiar la esencia de la educación primaria en el país, al conjuro de la consigna “con mis hijos no te metas”. Con grandes esfuerzos de presencia en las calles, la sociedad civil logró contener este primer intento de ideologización”.

En aquel momento la reacción se produjo contra el proyecto de Ley de Educación y en particular en contra del Decreto 1.011, alegando que con éste se pretendía instaurar un Reglamento de Supervisión -con “supervisores itinerantes chavistas” cuyos informes “podrían concluir con la arbitraria suspensión de un plantel y la remoción de su personal”- que violaba el escalafón docente y que se anticipaba como una arremetida del Gobierno en contra de la educación privada.

A partir de entonces, ha sido usada con fines de desestabilización y agitación en diferentes momentos políticos. Ahora es retomado con fuerza. Actúan los mismos voceros, como Leonardo Carvajal, de la Asamblea de Educación (que luego formaría parte de la Coordinadora Democrática), y Octavio de Lamo, presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada.

Actualmente, se agregan a la campaña (además de los medios) actores políticos como el gobernador de Carabobo, quien en rueda de prensa el 22 de mayo, señaló que la Asamblea Nacional viene dando un "golpe de Estado en cámara lenta", pues tiene en agenda unas 43 leyes que atentan contra la Constitución venezolana. Entre esas leyes, Salas destacó la Ley de Educación, la cual según indicó tiene dentro de su contenido, la idea de quitarle a los padres y madres venezolanos la patria potestad de sus hijos cuando estos cumplan 10 años de edad.

El gobernador del Zulia, Pablo Pérez, también ha impulsado la campaña. Recientemente señaló que saldrán “a defender la educación plural”. Aseguró que en la Asamblea Nacional se está cocinando algo que está muy lejos de una formación libre y plural.
Mientras, voceros de UNT hablan sobre un "plan de terrorismo familiar", asociado a "coartar la libertad de expresión de padres y representantes".

Recientemente, De Lamo y Carvajal han repetido el argumento de la ideologización. De Lamo aseguró que si bien el Ejecutivo no incluirá en la nueva Ley de Educación algún artículo en el que explícitamente se le quite la patria potestad a los padres sobre sus hijos, ya hay acciones puntuales que abonan el terreno: "Cuando el Gobierno quiere imponernos una educación única, con el enfoque socialista que hemos dicho que no admitimos, está secuestrando parte de esa patria potestad". Carvajal, por su parte, declaró que el Gobierno quiere implantar en la Ley de Educación venezolana el modelo cubano y que eso significará "un atentado contra los más sagrados intereses de Venezuela".

El pasado lunes, en un artículo de opinión en El Universal, titulado “La última frontera”, María Isabel Párraga asegura que desde aquellas manifestaciones contra el decreto 1.011 “se fue conformando una fuerza de opinión pública que el régimen siempre ha tenido como muro cada vez que intenta abordar reformas en la educación que impliquen una perspectiva ideológica dentro de las aulas. Y es que ya, desde ese momento, la educación ha sido 'la última frontera'. Algo con lo que Chávez no ha podido”. “Sin embargo, este parece ser el tiempo perfecto para traspasar esa 'última frontera'. Bien sea por cansancio, por miedo, por conformidad, por apatía o por sinvergüenzura, estamos permitiendo que el régimen saque sin rubor su verdadera vocación autoritaria”. “El cierre de Globovisión sería el perfecto globo de ensayo para que el Gobierno mida si puede traspasar la última frontera, esa que tanto le ha costado: la educación de nuestros hijos”. “Preparémonos para ver a nuestros muchachos convertidos en verdaderos "pioneritos" cantando alabanzas, al Che, a Fidel y, por supuesto, al líder de esta revolución”.


LA AMENAZA A LA PROPIEDAD

El paro del 10 diciembre de 2001 estuvo basado principalmente en el rechazo a las leyes habilitantes dictadas por el Ejecutivo. En aquel momento se utilizó el argumento de la amenaza a la propiedad privada. La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), por ejemplo, llamó a la desobediencia civil en respuesta a una ley que “suprime el derecho a libre empresa y a la propiedad privada”. Este no ha dejado de ser un factor principal en la campaña de propaganda antichavista. Fue determinante contra la reforma constitucional en 2007 (con la cuña de la carnicería) y ahora es nuevamente utilizado.

El Nacional del pasado domingo 21 de junio dedica su titular principal a este tema: “Aceleran el paquete de leyes que socava la propiedad privada”. Se insiste en señalar que la propiedad privada está siendo reducida a su mínima expresión.
Esta matriz ha estado enfocada, tanto en 2002 como ahora, contra “paquetes” de leyes, con lo cual se deslegitima la acción legislativa.


PDVSA Y LAS GANANCIAS DEL PETRÓLEO

Las posiciones públicas de los gerentes “meritocráticos” y el lema de “Salvaguardemos a PDVSA”, que empezaron a impulsar a partir de febrero de 2002, fueron fundamentales en la conspiración. Durante semanas, se machacó la idea de que el gobierno buscaba tomar la empresa para ponerla al servicio de una “parcialidad política” y usar el petróleo y sus ganancias, “en función de un proyecto que traspasa las fronteras nacionales, en detrimento del patrimonio nacional”.

Esa matriz de una PDVSA en riesgo y de un patrimonio menguado para favorecer a otros países, también se ha mantenido constante. Se ha repetido insistentemente con las nacionalizaciones recientes y con el tema Petrocaribe.


VINCULACIÓN DEL GOBIERNO CON “GRUPOS IRREGULARES”

El 1 de abril del año 2002, ministros y el Alto Mando Militar se reunieron con periodistas en La Fría, estado Táchira, para rechazar afirmaciones, según las cuales, Venezuela habría permitido el refugio de guerrilleros y el sobrevuelo de aviones ilegales al servicio del narcotráfico. El para entonces inspector general de la FAN, Lucas Rincón, denunció que nos querían “etiquetar como terroristas”. (OJO.

En esa ocasión, Venezuela tuvo que desmentir al comandante de la II Infantería del Ejército de Colombia, general Martín Carreño, por haber pretendido involucrar a Venezuela en una alianza que favoreciera un ataque desde este país. Además, varios de los miembros del Alto Mando Militar fueron protagonistas en el golpe de Estado).
A los pocos días, las Autodefensas Unidas de Colombia acusaron al presidente Hugo Chávez, de poner en riesgo la paz de la región, al proteger, con la “complacencia de la guardia”, a la guerrilla de las FARC.

Esas “denuncias” siguen estando presentes. El gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, ha insistido recientemente en que el gobierno protege a la guerrilla: "Todo el mundo sabe que aquí la guerrilla está instalada con el apoyo de él (presidente)". Esta matriz también surge en respuesta de las denuncias sobre presencia paramilitar en Venezuela.

Este 22 de junio, actuando como vocero de la “mesa de unidad”, Omar Barboza señaló: "Mientras los cuerpos policiales son mal formados, mal equipados, el gobierno nacional invierte miles de millones de dólares en armas de guerra, la política de permisividad cómplice con los grupos armados en la frontera y la cedulación de extranjeros con criterios políticos han introducido al país prácticas delictivas".


IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO CON LA VIOLENCIA / PLANTEAMIENTO DE “OTRAS VÍAS” / INCITACIÓN A LA VIOLENCIA

La línea de ataque anterior se circunscribe en una más amplia: la vinculación del gobierno con la promoción de la violencia. Paradójicamente, a la par que llaman a combatir la violencia gubernamental, hacen llamados que promueven verdaderamente acciones violentas e insinúan el triunfo de las fuerzas reaccionarias a través de “otras vías”. Desconoce, además, la legitimidad del gobierno.

En el año 2002, cuando Fedecámaras anunció el 7 de abril su apoyo al paro nacional de 24 horas prorrogables, convocado por la CTV, Pedro Carmona Estanga, advirtió: “si no hay cambios deberemos proceder por otras vías que inclusive, planteen la transición o alternabilidad de este gobierno.” Habló de persecución en la industria petrolera y acusó al gobierno de llamar a los empresarios de “terroristas” y “subversivos”: “Subversivo es quien estimula la violencia y se identifica con ideologías foráneas que los venezolanos rechazamos en su gran mayoría", manifestó.

Al día siguiente, directivos de la CTV declararon que el Gobierno planeaba violencia para boicotear el paro. El secretario general de la organización, Manuel Cova, denunció que el Ejecutivo preparaba persecuciones y la apertura de expedientes.

Alfredo Ramos señaló que extenderían el paro a 48 horas si no hay rectificación. “Cuidado Presidente si la carta de despido es para usted”, advirtió.
Por su parte, Rafael Marín, en aquel momento secretario general de AD indicaba que el paro sería activo. Aunque aseguró que las movilizaciones serían en forma pacífica, advirtió que no estaban dispuestos a replegarse si el Gobierno los “provocaba”. Carmona asistía a la Fiscalía General para denunciar “amenazas” contra algunos empresarios, incluyendo una de secuestro en su contra.

El 9 de abril, cuando CTV y Fedecámaras anunciaron que el paro sería extendido 24 horas más, el presidente de la CTV, Carlos Ortega, informó que la decisión derivaba de la “cerrada y agresiva actitud gubernamental”. “No estamos dispuestos a tolerar agresiones del Gobierno. Si continúa tomaremos las calles y si persiste la actitud, convocaremos a una huelga general”, aseguró.

Carmona Estanga dijo que Fedecámaras tomó la decisión “ante la violación a la Constitución Nacional, al Estado de Derecho y por el aumento de las agresiones físicas y verbales contra los periodistas y los trabajadores de Pdvsa”.
Luego que manifestantes asistieran a la sede de la CTV para solicitar que el paro se convirtiera en huelga general indefinida, Ortega gritaba “Fuera el dictador”; Carmona decía: “La intransigencia del gobierno demuestra una gran sordera. Si persiste nos declararemos en desobediencia civil”.

En comunicado del 10 de abril, Primero Justicia expresaba que “la única manera de destrancar el juego pacíficamente” era exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez, así como de otros funcionarios del gobierno y de los máximos representantes de los poderes públicos.

Ese lenguaje violento, que al tiempo promueve y justifica la violencia, arrecia en estos días. Recientemente, la “mesa de unidad”, en un acto de apoyo a Antonio Ledezma, señaló que no caerá en las provocaciones de la violencia que persiguen sacarla de la ruta democrática, pacífica y electoral. César Pérez Vivas (Copei) advirtió al presidente Hugo Chávez: "No nos va a doblegar con su vulgaridad". Ledezma dijo que "a este gobierno forajido ya no le queda principio o artículo (de la Constitución) por burlar". Instó a los ciudadanos a tomar conciencia de que la mano represiva del Gobierno alcanzará a todos. "La canalla no se detendrá en el umbral de nuestros hogares", advirtió.

"El objetivo del jefe supremo es que desaparezcamos de la escena política y, si es posible, físicamente", dijo Pérez Vivas, quien no olvidó hablar de agresiones en los sectores de la cultura, la Iglesia, la economía y los medios de comunicación. Recalcó que los que se oponen a Chávez son mayoría, por eso el Gobierno busca sembrar la violencia o el escepticismo. Asimismo reivindicó que los presentes no eran "hijos del aventurerismo".

Este 18 de junio, El Universal publicaba declaraciones del presidente de Copei, Luis Ignacio Planas: "La lucha democrática es ahora, hoy, y es de todos. ¿Tú qué vas a hacer?", dijo Planas dirigiéndose a los venezolanos. Afirmó que "este gobierno ya no representa los intereses del pueblo. Chávez está sepultando a la sociedad venezolana en las narices de todos nosotros". Llamó a "no quedarnos de brazos cruzados mientras destruyen nuestro país" y alertó que hay que "soportar la embestida de la bestia".
Al día siguiente, un artículo de Agustín Blanco Muñoz, en ese mismo diario, se titulaba “¡Esto está que se tambalea!” y hablaba de “la debacle que consume de manera vertiginosa al partido de gobierno y a la propia 'revolución bolivariana".


LLAMADOS A MILITARES

En abril, la estrategia incluyó llamados a los militares a alzarse contra el gobierno. En aquella ocasión se contó con militares activos que hicieron pronunciamientos previos al golpe. El secretario general de Acción Democrática, Rafael Marín, instaba a la población a no retirarse de las calles “hasta que Chávez salga de Miraflores”. “El pueblo venezolano no puede retirarse de las calles hasta que quien nos desgobierna abandone el poder, si como consecuencia de esa acción cívica, de esa acción democrática del pueblo venezolano ejercida en las calles, interviene la Fuerza Armada aplaudiremos la intervención para la defensa de los intereses democráticos”.

“Somos un país digno de ser gobernado por algo mejor que usted, el Alto Mando tiene que decirle que la causa de todo esto es usted. ¡Váyase! De no hacerlo, alguien va asumir esa posición por él”, decía el general de brigada (Ej) Néstor González González.
Recientemente han vuelto esos llamados. El primero de mayo, Henry Ramos Allup, luego de proferir muchos otros insultos contra el Presidente y el Alcalde, dijo que "gracias a Dios nosotros no somos militares. Ojala ellos usaran las armas de la República para preservar la Constitución y las leyes”. A finales de marzo, Antonio Ledezma incitó a los militares venezolanos a entrar en insubordinación militar y dejar de apoyar incondicionalmente al Presidente.


CONFLICTIVIDAD SINDICAL Y RECURSO DEL PARO

Desde el apoyo al paro del 10 de diciembre de 2001, la marcha hacia el golpe estuvo apoyada por la CTV y por la matriz de un gobierno contrario a los intereses de la clase trabajadora. A partir de la victoria de la enmienda el 15F, los opositores han vuelto a enfocarse en el tema de la conflictividad laboral.

Cuando se sumó al “paro cívico” del 10 de diciembre, la directiva de la CTV resumió en seis puntos los motivos que la “obligaban” a tal acción: Una política económica que desanima la inversión privada nacional y extranjera. Frecuentes agresiones contra los trabajadores del sector público. Continuas violaciones de la autonomía y la libertad sindical por parte del Estado. Ausencia de un sistema de seguridad social. Aprobación de manera autoritaria del paquete de leyes habilitantes y del Estatuto de la Función Pública, que a juicio de los integrantes de la CTV es violatorio de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva y la huelga.

En abril de 2002, el conflicto político era burdamente enmascarado con el tema reivindicativo. La CTV decía que la denominación de “paro general indefinido” era una figura que preservaba el carácter reivindicativo de las peticiones laborales aunque estaban inscritas en un contexto político, mientras que una huelga general indefinida sólo circunscribía al matiz político del conflicto nacional.
Luego se unió el tema de los trabajadores de Pdvsa, que establecieron la hora cero el 3 de abril. Posteriormente, Ortega diría que el paro de abril trascendía la solidaridad con los trabajadores de Pdvsa, y se sustentaba en situaciones que afectaban a la masa laboral del sector público, como la falta de diálogo en la discusión de las convenciones colectivas, la ausencia de la comisión tripartita, la indefinición del salario mínimo y el desempleo.

Empleados de Pdvsa comenzaron a hacer concentraciones en Chuao, donde recibieron el apoyo de la “sociedad civil” y de los partidos, en acciones que constituían un calentamiento de la calle.

Recientemente, en “La Hojilla” fue presentada una llamada telefónica entre el ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, y la secretaria de Alianza Popular de la entidad, Beatriz Contreras, en la que conversan sobre la planificación de un paro para el jueves 18 de junio, que pretendían convertir en general, similar al que orquestaron en el año 2001-2002. Sin embargo, los interlocutores dudaban debido a la falta de organización. Contreras puso de ejemplo que “el del 2001 fue un éxito porque se vino haciendo, poco a poco y los ex gobernadores se instalaron allí y hubo una cantidad de factores que conjugaron”.

También recientemente, Manuel Gutiérrez, secretario sindical del MAS, denunció la “imposición” gubernamental de un esquema de negociación y relaciones laborales, previsto en el plan “Políticas Laborales y Negociación Colectiva”, que socava reivindicaciones laborales. “Alertamos a los empleados públicos a que se coloquen en pie de lucha para derrotar esa pretensión del gobierno que pregona estar al lado de los trabajadores pero que los pisotea y humilla al desconocer sus derechos... Eliminaran el HCM, los cesta ticket, la dotación de equipos, el manejo de nóminas, el fideicomiso, la igualdad en el salario, las jubilaciones, todo se verá afectado y sustituido por desmejoras, lo cual constituye una violación a la contratación colectiva y a derechos consagrados en la Constitución”.

El Nacional de este 22 de julio titula contra los contratos colectivos socialistas: “Cubrirán gasto social con salario de los trabajadores”. Señala que el documento Políticas Laborales y Negociación Colectiva ha tenido sus “globos de ensayo” en el Metro y en el magisterio.


PERSECUCIÓN A PERIODISTAS /AMENAZA A LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Uno de los recursos en contra del gobierno, ha sido la presentación de los periodistas como colectivo amenazado, en el marco además de una agresión general contra la libertad de expresión. Para ello, el CNP, ha asumido este tema presentándolo como una lucha gremial.
En abril de 2002, el entonces presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Levy Benshimol, manifestó que había grupos fascistas injuriando a los periodistas. “Los periodistas no aceptaremos el chantaje”.
Hoy, el CNP convoca a una marcha que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio, Día Nacional del Periodista, en defensa de la libertad de expresión. William Echeverría, actual presidente del CNP, señaló que consideran que la libertad de expresión está en riesgo en el país, a raíz de las "constantes amenazas" que reciben los periodistas y los medios.


VICTIMIZACIÓN DE INDIVIDUOS O GRUPOS

La matriz anterior se enmarca dentro de la victimización de individuos o grupos, que tiende a la movilización general para frenar la “acción agresiva” del gobierno. Este papel lo jugaron en abril de 2002 los gerentes de Pdvsa. En abril, luego de una caminata realizada por la avenida Río de Janeiro, Juan Fernández señaló: “Esto lo que indica es que la razón es poderosa y la demostración la estamos teniendo aquí con estos cientos de personas que nos acompañan”.
Actualmente, han intentado apelar a la victimización de estudiantes, gobernadores de oposición y medios de comunicación.


CALENTAR LA CALLE

Uno de los principales objetivos es calentar la calle. La marcha del 23 de enero del año 2002 ha sido tomada por los analistas opositores como un “punto de quiebre” que marcó el inicio de movilizaciones masivas contra el gobierno. En 2002, las acciones de calle tuvieron preponderancia.
En ese entonces, en los días previos al golpe, la sede de la CTV y Pdvsa-Chuao fueron escenarios de concentraciones. Luego, vendría la marcha del 11 de abril.
Así como en abril de 2002, se realizaron concentraciones a favor de los gerentes petroleros -que incluyeron enfrentamientos y denuncias de periodistas lesionados-, ahora intentan hacerlo con los medios y la libertad de expresión, con la marcha que convocan para el 27 de junio.


ACUDIR A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Otro recurso utilizado por la oposición con afán desestabilizador, es el de recurrir a organismos internacionales para denunciar al gobierno. Se señala así que no hay aplicación de justicia en el país y se levanta un “expediente” acusando al gobierno de violar derechos y libertades fundamentales.
En abril de 2002, Cofavic y la Vicaría de Caracas solicitaron un amparo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, por las cadenas del Ejecutivo. Destacaron que la acción del Gobierno constituía una restricción regular al derecho a escoger la información que se quiere recibir.
En aquella oportunidad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó, a través de un comunicado de prensa, su preocupación "por la utilización abusiva de las cadenas nacionales en las programaciones televisivas y radiales por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".


ALIADOS INTERNACIONALES

El 6 de abril de 2002 fue clausurado el seminario “Libertad de Prensa y Democracia”, auspiciado por la Organización Demócrata Cristiana de América y el IFEDEC. El evento fue organizado por ODCA conjuntamente con el Centro Internacional de Formación Arístides Calvani, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y de Copei. Participaron Marcel Granier, de empresas 1BC; Asdrúbal Aguiar, abogado del Bloque de Prensa; Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato de la Prensa, entre otros. Eduardo Fernández señalaba como una obligación ventilar en el exterior temas de tipo “supranacional”. El presidente de la ODCA, Gutenberg Martínez, dijo que cuando los gobiernos terminan limitando o atentando contra la libertad de prensa, el régimen político evoluciona inevitablemente a formas autoritarias o totalitarias.
Unas palabras casi calcadas repetiría recientemente Mario Vargas Llosa en otro evento realizado recientemente en Caracas, bajo los auspicios de organizaciones de derecha, con redes continentales.


LA AUSENCIA DE UN DESLINDE CON LA AVENTURA GOLPISTA

En 2002 se puso en evidencia el compromiso de numerosos factores de la acera opositora -partidos, televisoras, gremios, etc.- con la aventura golpista. Todos apostaban abiertamente a “salir de Chávez”.
Pocos días antes del paro que derivó en golpe, miembros de ONG, partidos políticos,

la Iglesia, medios de comunicación, entre otros, acudieron a la sede de la CTV para manifestar su anexión a la paralización. La Iglesia dio el visto bueno al paro, a través del padre Mikel de Viana. Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, en representación de los medios de comunicación, expresó el apoyo del sector al paro por la defensa al derecho profesional del periodismo.

Anteriormente, en marzo, haciendo un llamado a la unidad, la CTV, Fedecámaras y el Episcopado suscribieron en la quinta La Esmeralda, las “bases para un acuerdo democrático", documento que sellaba un pacto de transición. La propuesta, que no contemplaba la participación del Ejecutivo, pretendía superar el “estado de emergencia nacional”. Carlos Ortega destacó que el pacto era de transitoriedad y no pretendía llegar a entendimientos con el Ejecutivo. Exigió la salida del presidente Chávez.

Actualmente, se han hecho denuncias sobre planes de golpe y magnicidio, que han sido groseramente banalizadas por la oposición. Ningún vocero se ha deslindado de estas acciones, ni las ha condenado. Este 22 de junio, en Últimas Noticias, José Vicente Rangel se refiere a la manera como Ismael García banalizó el debate promovido por Mario Isea en torno a informaciones sobre un golpe y la difusión de una comprometedora grabación del V/A retirado Huizi Clavier: “... lo más importante del episodio es la manera como el vocero de la oposición descarta, alegremente, la posibilidad de aventuras de la dimensión del magnicidio y el golpe. (...)

La oposición en general, y García en particular, acaban de perder la oportunidad -con motivo de la denuncia de magnicidio y golpe- de definir una posición de respeto a valores fundamentales como la vida y la estabilidad institucional. (...) Era la ocasión ideal para deslindar con los irresponsables que siguen pensando en repetir el agotado formato de los años 2002-03. En cualquier Parlamento del mundo donde se plantee algo similar, priva la sensatez y se impone la voluntad investigar; pero jamás se observa tanta ligereza”.

El editorial de El Nacional, del 11 de junio, señala: “No queda otra salida que reír a carcajadas cuando el Gobierno vuelve a dar instrucciones a sus subalternos en la Asamblea Nacional para que abran una averiguación sobre 'un nuevo plan magnicida”. Ese mismo día, en Últimas Noticias, Leopoldo Puchi escribía: “En relación al magnicidio no se entiende por qué la oposición no expresa su condena de modo tajante. ¿Qué se pierde? Nada, el Gobierno no va a subir su votación por hablar de magnicidio. ¿Qué se gana? Mucho, porque se actúa de manera principista y se comunica una imagen de seriedad. En este tema no caben cuchufletas”.