dijous, 15 de gener de 2009

Injerencia Made in USA

Andrés Sal.lari/Rebelión

La injerencia de Estados Unidos en los procesos de cambio latinoamericanos ofrece un nuevo capítulo esta semana. Líderes opositores venezolanos se reunieron en Puerto Rico con el responsable de la embajada estadounidense en Caracas, para organizar la campaña publicitaria en contra de la enmienda constitucional que impulsa el gobierno venezolano para habilitar la reelección del presidente Hugo Chávez.

Estos hechos evidencian una vez más la participación de los medios de comunicación privados en la oposición política a Chávez. De la reunión formó parte el director de Globovisión, el más importante canal privado de televisión de Venezuela.
La sede del encuentro fue el Hotel La Concha, ubicado en la Avenida San Juan en la capital de Puerto Rico, también llamada San Juan. Según las denuncias de la prensa y del gobierno venezolano, allí se habría acordado un monto de 3 millones de dólares para hacer frente a la campaña contra Chávez . El aporte corre por cuenta de la saliente administración de George W. Bush.
Los invitados al convite fueron Julio Borges (dirigente del partido Primero Justicia), Luis Planas (secretario general de Copei) y Omar Barboza (presidente del partido Un Nuevo Tiempo) y John Patrick Caulfield (encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas)
Organizaciones sociales puertorriqueñas repudiaron su presencia y una vez finalizado el encuentro, los participantes regresaron a Caracas en el mismo avión.
El ministro de comunicación venezolano, Jesse Chacón -quien a su vez es encargado de llevar adelante la campaña a favor de la enmieda-, declaró " "nosotros no necesitamos asesores yanquis ni del departamento de Estado de EEUU para que nos haga la guerra sucia y nos prepare todo lo que se va a dar en este mes de campaña".
Chacón criticó el papel de la oposición venezolana al asegurar:
"Nuestra propuesta es la continuidad de un proyecto que lleva 10 años y que ha dado mucho a los venezolanos y tiene muchas cosas por darles también, la otra propuesta es que nos gobiernen desde afuera porque si la campaña la manejan desde afuera, no me quiero imaginar qué va a pasar si llegan al poder".

Durante una conferencia de prensa, el ministro venezolano se preguntó
"¿Qué hace un director de un medio de comunicación social reunido en Venezuela, en Puerto Rico, donde él quiera, con los secretarios generales de los partidos de una tendencia política para la estrategia de una campaña, para que después nosotros por la pantalla esa de una canal de televisión veamos una información y opinión que supuestamente es veraz?"
"¿Qué hacen personeros del gobierno de los Estados Unidos inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela?"

Un grupo de abogados liderado por la doctora Jacqueline Sosa solicito a la Fiscalía que se investigue el accionar de los implicados. En su presentación Sosa declaró que "venimos a denunciar que hay actos que atentan en contra de nuestra soberanía e independencia, estos señores se están aliando con países extranjeros recibiendo financiamiento e instrucciones".
El diplomático estadounidense implicado negó que su visita a Puerto Rico haya estado ligada con la reunión opositora y argumentó que había viajado a la isla para asistir a un casamiento.
Estados Unidos tiene un profuso historial de desestabilización en contra de gobiernos que son ajenos a sus intereses políticos geoestratégicos. Durante el golpe de estado que derrocó a Chávez por pocas horas en abril de 2002, el gobierno de Bush fue el primero en reconocer la legitimidad de los golpistas.
El papel político que jugaron los medios de comunicación en esa asonada -y el que juegan en todos los procesos de cambio regionales- lo definió uno de los militares golpistas en un canal privado venezolano durante las 48 horas en las que lograron deponer a Chávez. El vicealmirante Héctor Ramírez Pérez destacó en esa oportunidad que para dar el golpe de estado no exixtió necesidad de disparar porque "nuestras armas fueron los medios de comunicación".
La Asamblea de Venezuela se preparaba para aprobar este miércoles, el proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección continua de los cargos públicos. A continuación , una propuesta de referéndum será entregada al Consejo Nacional Electoral , que en un lapso de 30 días deberá convocar a la consulta popular para aprobar o rechazar la propuesta.